El martes pasado, minutos antes de que la Argentina jugara su último amistoso, el vicegobernador de la provincia tuvo un sincericidio. Reconoció ante la prensa que no podía decir cuánto ganaba un legislador. Fueron graciosas las reacciones. Fue vituperado por doquier, pero el hombre fue absolutamente sincero: no puede decir cuánto ganan. ¿Por qué?

Una opción podría ser porque no hay uniformidad en lo que recibe cada uno de los representantes del pueblo.

Otra sería que la forma en que reciben sus emolumentos es variada y por lo tanto también sería dificultoso precisar.

Para encontrar una tercera opción habría que apoyarse no en el “cuánto” sino en el “puede”.

¿Qué le pasaría si pudiera? Violaría uno de los secretos mejor guardados pero lo que es más grave aún sería desleal con el resto de la dirigencia política.

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Por eso, tal vez, delante de las cámaras, el vicegobernador respondió que habría que preguntarle al legislador.

Los 49 integrantes de la Cámara tienen el mismo problema. Si hablan y dicen la verdad van a ser vilipendiados. No le temen a la sociedad; les aterra violar un pacto tácito. Por lo tanto mienten o dicen verdades a medias, que es lo mismo .

A la ciudadanía le interesa saber cuánto pero a los inquilinos del Poder Legislativo los ocupa más el no decir nada.

¿Por qué los ciudadanos insisten con esas cuestiones? Tal vez venga bien un diálogo vivido en esta semana que nunca más volverá con un habitante de Banda del Río Salí. Un joven se acercó y preguntó:

-Usted debe saber. Si saco 1.500 votos podré salir concejal de la Banda…

-La verdad, es que no sé.

-Yo lo voy a intentar, porque con este laburo no voy a despegar nunca.

El hombre está convencido de que meterse en política le dará una buena remuneración. Para él es una salida laboral -o de enriquecimiento-, lejos está aquellos ideales políticos de trabajar por el otro y por el bien común.

Confusión

El político también vive en una confusión. Están más preocupados por cumplir con la relación que tienen entre ellos que cuidar su vínculo con el ciudadano al que representan y que además le dio su voto.

Esa actitud deriva en uno de los sentimientos más peligrosos en una democracia: la desilusión. Esta sensación se podría definir como la distancia que se genera entre lo que imaginamos y lo que finalmente ocurre. Podríamos afinarla diciendo qué es lo que hay entre el sentimiento que ponemos en la urna cuando votamos y lo que termina haciendo la persona a la que le delegamos nuestro poder.

Por eso la desilusión es mayor cuando se le consulta al legislador y en vez de responder al ciudadano se resguarda en el silencio como aquella omertá que practicaba la mafia italiana que ante una verdad incómoda elegía el silencio organizado.

A los legisladores del oficialismo les cuesta mucho hablar del tema. Sonrisas esquivas. Preguntas disuasivas. Comparaciones bizantinas y por sobre todo una mezcla de miedo y vergüenza que les ayuda a disimular un enojo tamizado con preocupación. La respuesta esperada es una sola. Sin embargo se escucha: “ganamos mucho menos que un relator de la Corte”. “No sé”. “Te juro que no alcanza”. “No miro el recibo”.

A los legisladores de la oposición pareciera que les da más vergüenza. Es que la máscara de opositores se les cae apenas escuchan la pregunta. No pueden precisar un monto. Esquivan. Sin embargo se animan a soltar un número. Unos dicen 6 millones de pesos. Otros arriesgan un 6,5 millones. “Es que no es preciso porque hay otras cosas”, reconocen algo que no terminan de decir los oficialistas, pero que sí lo sugirió el vicegobernador.

En los nuevos discursos que se escuchan en estos tiempos los problemas para descifrar los gastos legislativos, La Libertad Avanza se muestra como descubridora de estas cuestiones como si la historia hubiera comenzado a partir de la existencia de esa agrupación política. Sin embargo, en Tucumán el tema lleva varios años, con denuncias -periodísticas y de la misma política- que obligaron a cambiar aunque las modificaciones sólo fueron perfeccionando un sistema para disimular.

La dieta de los legisladores siempre osciló -con inflaciones enloquecidas o con la convertibilidad como estrella- en los 3.000 dólares. Pero nunca fue el único ingreso que tuvieron.

Los “perritos”

En el siglo pasado había un acuerdo entre los poderes del Estado que determinaba que el gobernador de la provincia, el presidente del Senado y de Diputados -era bicameral el Poder Legislativo- y el titular de la Corte Suprema de Justicia ganaban lo mismo. En tanto un senador obtenía lo que un vocal de Corte, mientras que un diputado recibía el mismo emolumento que un ministro y que un camarista.

En aquel entonces, ya había privilegios que llevaban el apelativo de gastos reservados. Los presidentes de las cámaras legislativas distribuían según sus criterios beneficios que siempre tenían que ver con el buen comportamiento político. Así diputados y senadores se hacían acreedores a ciertos premios.

Cuando se hizo unicameral el Poder Legislativo, los presidentes de la Cámara pagaban la dieta y luego entregaban los gastos de bloque. Así la sociedad elegía a sus representantes de un partido pero terminaban disgregándose en nuevos bloques que distorsionaban la voluntad popular y engrosaban los gastos de la Legislatura.

Los gastos de bloque empezaron a no alcanzar y se incorporaron lo que el senador peronista Alberto Herrera inmortalizó como “los perritos”. Estos eran distribuidos por las autoridades de turno. Esa denominación canina se la daban a los cargos para repartir empleos. Y entonces comenzó la ilegal y tristemente célebre costumbre de nombrar gente que firmaban recibir una remuneración por un determinado monto, pero se quedaba con un porcentaje y el resto se lo devolvía al “dueño de los perritos”.

No pasaron muchos años para que los gastos de bloque se descontrolaron. Los “perritos” se quedaron para siempre y con la llegada del alperovichismo se instrumentaron los gastos sociales que desplazaron a los de bloque. La diferencia era que se le entregaban a cada legislador y no al presidente de cada bancada. El sistema servía para mantener la fidelidad del legislador porque no todos recibían los mismos montos. Eran individuales y cada uno hacía lo que quería con esos fondos.

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Tampoco tardó mucho tiempo en descontrolarse esa forma de pago. La ambición, las campañas más caras fueron ayudando a aumentar las “necesidades” legislativas y entonces aparecieron los sobres. Los legisladores recibían sus dietas, también cargos y empleos para que repartan y después de cobrar pasaban por la secretaría de la Cámara a recibir sus respectivos sobres.

Las valijas

Fue entonces cuando aparecieron las valijas. Eran tantos los fondos que debían repartir que no encontraron mejor forma que mandar una camioneta de la Legislatura que dejaba en el tesoro del banco dos valijas que llenaban de dinero y los bártulos volvían llenos a la Cámara para repartirlos.

El papelón y la vergüenza llegaron a tanto que se decidió un cambio. Entre las ideas propuestas nunca estuvo disminuir lo que se entrega a los legisladores ni reducir considerablemente el presupuesto legislativo. Sí se implementó la bancarización. Pero nunca desaparecieron los fondos en negro. Tanto es así que no faltó el legislador que llegó a decir “me siento un narcotraficante” porque sus emolumentos bancarizados no tenían nada que ver con el dinero que recibía en negro.

En la actualidad los legisladores ganan más que los 3.000 dólares históricos. Llegan a 4.400 dólares aproximadamente, claro que en pesos. Tampoco se eliminó la posibilidad de pedir la designación de gente, pero además se produce el pago a fundaciones, subsidios y aportes a quienes lo necesitan. El circuito es simple. Hacen el pedido ante las autoridades de la cámara en base a un presupuesto y luego reciben ese dinero sin que nadie controle cómo se utiliza ese dinero.

También se mantienen las remuneraciones discriminadas. El tratamiento para los legisladores oficialistas no es el mismo que para los opositores. Para que el sistema funcione siempre han sido claves los secretarios de la Cámara que saben no sólo la clave de la caja fuerte sino de las necesidades y debilidades de los legisladores. Es posible que Miguel Acevedo no haya sabido precisiones y detalles de los pagos, sin embargo, el secretario Claudio Pérez los conoce todos.

La respuesta del vicegobernador fue reveladora. No dijo simplemente que no sabía. Dijo que no podía decir. Y en ese “no puedo” quedó expuesta la verdadera naturaleza del problema. Una democracia puede convivir con dirigentes bien pagos si esos ingresos son públicos, razonables, controlables y justificables. Lo que no es difícil tolerar es que la representación popular se convierta en una zona opaca, administrada por pactos internos, lealtades silenciosas y beneficios que nadie se anima a explicar. El drama no es sólo que un ciudadano no sepa cuánto gana un legislador sino que muchos legisladores tampoco quieran que se sepa. Y cuando el poder necesita del secreto para sostener sus privilegios, deja de parecerse a una institución republicana y empieza a parecerse demasiado a una cofradía.